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Observatorio Estatal para la Dependencia, Evolución de los datos básicos de gestión de la atención a la dependencia y costes de financiación del sistema por comunidades autónomas. XVIII Dictamen del Observatorio. Serie: Dictámenes del Observatorio, Madrid, Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, 2018, 141 p.
Ref. 532639
Localización: SIIS Archivo / DFB Archivo

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Palabras clave:
Personas mayores, Discapacidad, Dependencia, Intervención social, Atención sociosanitaria, Servicios sociales, Servicios de salud, Prestaciones sociales, Prestaciones económicas, Residencias, Acción comunitaria, Atención domiciliaria, Servicios de apoyo, Centros de día, Teleasistencia, Servicios de apoyo, Servicios de respiro, Utilización de servicios, Gasto social, Financiación, Crítica, Evolución, Evaluación de servicios, Estadísticas de servicios, Datos estadísticos, Autonomías, España

Resumen:
Tras once años de desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (en adelante LAPAD), el 3% de la población española, un total de 1.264.351 personas, ha sido dictaminada como dependiente, es decir, necesita apoyos para realizar actividades básicas de la vida diaria. A estas personas podríamos añadir otras 96.000 como potenciales dependientes considerando las 120.213 personas que están pendientes de su valoración de dependencia a 31 de diciembre de 2017.Como se verá a lo largo de este informe, ha sido palmario el fracaso de las administraciones en asegurar el equilibrio interterritorial en el ejercicio de derechos como mandato específico para la Administración General del Estado como indica el artículo 9 de la Ley.

Esos desequilibrios se manifiestan gravemente en algunas de las claves de desarrollo de la LAPAD: Acceso muy desigual al SAAD por Comunidad Autónoma; listas de espera (más de 300.000; esfuerzo financiero público también desigual. Por lo tanto, no solo no se atiende a todas personas con derecho cuando tras sucesivos aplazamientos ha finalizado la aplicación progresiva de la Ley, sino que el acceso y el contenido real de las atenciones está fuertemente determinado por la comunidad autónoma de residencia de la persona dependiente, generándose así graves desigualdades.

A lo largo del informe del XVIII Dictamen del Observatorio se pondrán en evidencia muchos de los aspectos en los que se aprecian estos desequilibrios territoriales, cuyo detalle puede encontrarse en la escala de valoración de la dependencia y en los informes por comunidades autónomas. Dicho esto, no es menos cierto que se ha de valorar el esfuerzo de estos años en su justa medida. Los datos acumulados (disponibles solo hasta 2016) muestran una voluminosa gestión consistente en la tramitación de más de 3,2 millones de expedientes; en la realización de 2,9 millones de dictámenes de valoración del grado de dependencia y finalmente en 1,8 millones de personas que han recibido prestación o servicio en algún momento. A pesar de los numerosísimos problemas, el SAAD parece hacerse consolidado.