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Rodríguez, G. (coord.), Marbán, V., ESPN thematic report on access to essential services for people on low incomes. Spain. Bruselas, European Social Policy Network, European Commission, 2020, 31 p.
Ref. 558594
Localización: SIIS Archivo

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Palabras clave:
Pobreza, Exclusión social, Nivel de ingresos, Pobreza energética, Hogares, Necesidades, Derechos, Acceso, Transporte público, Servicios públicos, Entidades financieras, Nuevas tecnologías, Barreras, Inclusión social, Políticas públicas, Reforma, Normativa, Datos estadísticos, España

Resumen:
En España, no existe una definición explícita sobre el derecho de acceso a los servicios esenciales. Sin embargo, la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la legislación municipal sí lo reconocen de maneras diferentes. El Defensor del Pueblo español señala que el suministro de agua, la luz, el transporte y las comunicaciones son servicios esenciales para lograr una vida digna. En relación con el acceso a los servicios esenciales, las personas de bajos ingresos se definen de manera diferente según el tipo de servicio. La garantía del derecho de este colectivo suele regularse en relación con diferentes situaciones sociales (hogares numerosos y jubilados, en particular). En general, este grupo se define en función de las rentas inferiores al salario mínimo (900 € mensuales en 2019) o el indicador oficial de renta “Indicador de Renta Pública de Efectos Múltiples”, que es de 537,84 € mensuales, ajustada según la composición del hogar. La regulación y provisión de servicios como agua, saneamiento y transporte urbano es responsabilidad del gobierno regional y local. El acceso a los servicios energéticos, digitales y financieros está regulado a nivel estatal. Las regiones también pueden regular estos servicios de forma complementaria, pero esto no siempre ocurre en coordinación con otras administraciones públicas. En todos los casos se regulan tarifas reducidas para personas de bajos ingresos, aunque son meramente simbólicas en relación a los servicios digitales. En el desarrollo efectivo del derecho de acceso a los servicios esenciales, la legislación nacional ha evolucionado e incorporado las distintas Directivas europeas, como en el caso del acceso al agua, la energía, los servicios digitales y financieros. Su aplicación en España ha seguido hasta ahora el enfoque asistencial.