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FUNDACION HOGAR DEL EMPLEADO, INFORME EDUCATIVO 2004. ANALISIS Y SITUACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. [s.l.], SANTILLANA, 2004, 341 p.
Ref. 132098
Location: 71.64

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Keywords:
Bilingüismo, Condiciones de trabajo, Coordinación administrativa, Curriculum, Datos estadísticos, Descentralización, Evolución, Financiación, Gasto social, Innovaciones, Jornada laboral, Nuevas tecnologías, Organismos, Participación, Política educativa, Profesor, Ratios, Rendimiento escolar, Salario, Sector privado, Sector público, Tendencias, Autonomías, España

Abstract:
El libro recoge los aspectos cualitativos más relevantes del mapa educativo autonómico y las diferencias que se dan desde que se completara el traspaso de competencias y cada Consejería se encargara de la gestión en su propio territorio. A la luz de los datos que recoge el Informe y ante la perspectiva de una nueva ley educativa, Roberto Rey defendió la necesidad de establecer un pacto educativo entre las diferentes autonomías, ya que, en su opinión, el “pacto es un síntoma de madurez política de un país, porque ayuda a la cohesión social”. El Director del CIE-FUHEM expresó las principales líneas que dicho pacto debería seguir: -El binomio calidad-equidad debe ser uno de los acuerdos del pacto. -El pacto educativo sólo tiene sentido si pretende y consigue una educación mejor para todos. -La nueva ley debe ser flexible y de mínimos, de modo que perdure más allá de la alternancia política. Los decretos pueden ser tan importantes como las leyes. -La nueva legislación debe partir de la realidad actual, marcada por un elevado índice de fracaso escolar (25,6%). Las diferencias autonómicas que nos llevan a este porcentaje ofrecen una variación de 21,4 puntos, y van desde el fracaso mínimo (en Asturias, con el 14,4%), al máximo (en Canarias, del 35,8), sin contar con la situación de Ceuta y Melilla que ofrecen realidades sangrantes, (en torno al 50%). -Los cambios educativos se deben pensar desde el futuro, en función de las capacidades que adquirirán hoy los alumnos para desempeñar su vida laboral, social y personal dentro de veinte años. -Las Comunidades Autónomas tienen en sus manos la gestión de los centros y el Estado tiene la obligación de establecer un pacto que compense las desigualdades regionales. -Debe existir un acuerdo entre el sector público y el concertado basado en una financiación en condiciones de igualdad. -El pacto con el profesorado y los centros debe partir del reconocimiento profesional de los docentes, fomentando su autoestima y el trabajo en equipo, en el marco de la autonomía de los centros.