AN EVALUATION OF THE IMPACT OF CHANGES TO CANNABIS LAW IN WA. SUMMARY OF YEAR 1 FINDING
Uloženo v:
LENTON, S., ET AL., AN EVALUATION OF THE IMPACT OF CHANGES TO CANNABIS LAW IN WA. SUMMARY OF YEAR 1 FINDING. CANBERRA, COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2005, 58 p.
Ref.
144057
Umístění:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Accidentes de tráfico, Actitudes profesionales, Actitudes sociales, Adolescentes, Cannabis, Consumo, Datos estadísticos, Drogodependencias, Efectos, Estudio longitudinal, Infancia, Normativa, Reforma, Región, Tráfico de drogas, Australia
Accidentes de tráfico, Actitudes profesionales, Actitudes sociales, Adolescentes, Cannabis, Consumo, Datos estadísticos, Drogodependencias, Efectos, Estudio longitudinal, Infancia, Normativa, Reforma, Región, Tráfico de drogas, Australia
Abstrakt:
Durante el año 2004, se produjeron cambios sustanciales en la legislación sobre el cannabis en Australia Occidental como consecuencia de la aprobación de la ley conocida como Cannabis Control Act 2003. Dicha ley supuso la despenalización del cultivo y la posesión de pequeñas cantidades de cannabis, pasando de ser tipificadas como delitos –y punibles, por tanto, con penas de prisión–, a ser consideradas infracciones sujetas a sanciones administrativas. Al igual que en España, el cultivo y la posesión de cannabis siguen siendo ilegales en Australia Occidental, pero cuando las cantidades interceptadas son suficientemente pequeñas para ser consideradas para “consumo propio”, la nueva ley establece la imposición de una sanción administrativa, conocida como “Cannabis Infringement Notice” (CIN), que establece multas de entre 100 y 200 dólares australianos (entre 60 y 120 euros) dependiendo de la cantidad interceptada. Estas multas pueden, además, ser eludidas si el infractor se somete a una programa educativo sobre las consecuencias negativas del consumo para la salud, las opciones de tratamiento actualmente existentes y la legislación vigente en la materia. Según los datos que aporta el presente informe, cuyo objetivo es recoger las opiniones y las actitudes de diferentes grupos sociales en torno a la nueva Ley y a la CIN, el conocimiento del contenido de la norma y, concretamente, la comprensión de lo que significa “prohibición con sanción administrativa” es relativamente reducida. El 57% de las 809 personas encuestadas entendieron correctamente el concepto, mientras que el 30% interpretó que se aplicarían penas de prisión y el 8% creyó que el cultivo y el consumo serían legales. Por otra parte, una vez explicado en detalle su contenido, el 79% de los encuestados se mostró conforme con la Ley y el 70% indicó que las sanciones previstas le parecían justas. En general, la mayoría de los ciudadanos estuvo de acuerdo en que la Ley no tendría ningún impacto en el número de consumidores, el precio de la droga o la facilidad para conseguirla, aunque el 51% declaró que a su juicio más personas la cultivarían. Finalmente, una amplia mayoría, el 78%, estuvo de acuerdo en que la educación era una buena alternativa a las sanciones penales para los delitos leves relacionados con el cannabis.
Durante el año 2004, se produjeron cambios sustanciales en la legislación sobre el cannabis en Australia Occidental como consecuencia de la aprobación de la ley conocida como Cannabis Control Act 2003. Dicha ley supuso la despenalización del cultivo y la posesión de pequeñas cantidades de cannabis, pasando de ser tipificadas como delitos –y punibles, por tanto, con penas de prisión–, a ser consideradas infracciones sujetas a sanciones administrativas. Al igual que en España, el cultivo y la posesión de cannabis siguen siendo ilegales en Australia Occidental, pero cuando las cantidades interceptadas son suficientemente pequeñas para ser consideradas para “consumo propio”, la nueva ley establece la imposición de una sanción administrativa, conocida como “Cannabis Infringement Notice” (CIN), que establece multas de entre 100 y 200 dólares australianos (entre 60 y 120 euros) dependiendo de la cantidad interceptada. Estas multas pueden, además, ser eludidas si el infractor se somete a una programa educativo sobre las consecuencias negativas del consumo para la salud, las opciones de tratamiento actualmente existentes y la legislación vigente en la materia. Según los datos que aporta el presente informe, cuyo objetivo es recoger las opiniones y las actitudes de diferentes grupos sociales en torno a la nueva Ley y a la CIN, el conocimiento del contenido de la norma y, concretamente, la comprensión de lo que significa “prohibición con sanción administrativa” es relativamente reducida. El 57% de las 809 personas encuestadas entendieron correctamente el concepto, mientras que el 30% interpretó que se aplicarían penas de prisión y el 8% creyó que el cultivo y el consumo serían legales. Por otra parte, una vez explicado en detalle su contenido, el 79% de los encuestados se mostró conforme con la Ley y el 70% indicó que las sanciones previstas le parecían justas. En general, la mayoría de los ciudadanos estuvo de acuerdo en que la Ley no tendría ningún impacto en el número de consumidores, el precio de la droga o la facilidad para conseguirla, aunque el 51% declaró que a su juicio más personas la cultivarían. Finalmente, una amplia mayoría, el 78%, estuvo de acuerdo en que la educación era una buena alternativa a las sanciones penales para los delitos leves relacionados con el cannabis.