Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social
Saved in:
Defensor del Pueblo, Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Serie: Informes, Estudios y Documentos, Madrid, Defensor del Pueblo, 2009, 468 p.
Ref.
157485
Location:
DFB Archivo
Palabras clave:
Acceso, Actitudes usuarios, Protección de menores, Características sistema, Centros de protección, Criterios, Crítica, Cuestionarios, Defensor del Pueblo, Exclusión social, Informes oficiales, Menores, Normativa, Personal, Trastornos de la conducta, Ratios, Recomendaciones, Reglamentos, Tutela, Autonomías, España
Acceso, Actitudes usuarios, Protección de menores, Características sistema, Centros de protección, Criterios, Crítica, Cuestionarios, Defensor del Pueblo, Exclusión social, Informes oficiales, Menores, Normativa, Personal, Trastornos de la conducta, Ratios, Recomendaciones, Reglamentos, Tutela, Autonomías, España
Abstract:
Este reciente y controvertido informe del Defensor del Pueblo sobre la situación de los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social ha sido objeto de debate desde el mismo momento de su publicación. El estudio, puesto en marcha a raíz de las numerosas quejas recibidas tanto por parte de los progenitores como de los educadores, denuncia que muchos de estos centros vulneran los derechos fundamentales de los niños y niñas a su cargo. A lo largo del extenso informe, de casi 500 páginas, se describe el sistema legal de protección de menores dentro del ordenamiento jurídico español, se reflejan los datos facilitados por las comunidades autónomas sobre la atención que, en cada una de ellas, se dispensa a los y las menores con problemas de conducta que se hallan en dificultad social, y se analizan los principales problemas detectados en la atención residencial a este colectivo. Un capítulo específico del estudio recoge, de forma detallada, la información resultante de las visitas efectuadas por los asesores del Defensor del Pueblo y de los cuestionarios cumplimentados por los centros. El informe se cierra con un capítulo de conclusiones y con una serie de 57 recomendaciones formuladas a los poderes públicos competentes y estructuradas en torno a doce ámbitos de mejora: general, procedimiento administrativo, derechos del menor, altas y permanencia, asistencia sanitaria, atención educativa, régimen interno de los centros, intervención en situaciones de crisis, personal, infraestructuras, seguimiento del menor e inspección de centros, y, por último, ministerio fiscal.
Este reciente y controvertido informe del Defensor del Pueblo sobre la situación de los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social ha sido objeto de debate desde el mismo momento de su publicación. El estudio, puesto en marcha a raíz de las numerosas quejas recibidas tanto por parte de los progenitores como de los educadores, denuncia que muchos de estos centros vulneran los derechos fundamentales de los niños y niñas a su cargo. A lo largo del extenso informe, de casi 500 páginas, se describe el sistema legal de protección de menores dentro del ordenamiento jurídico español, se reflejan los datos facilitados por las comunidades autónomas sobre la atención que, en cada una de ellas, se dispensa a los y las menores con problemas de conducta que se hallan en dificultad social, y se analizan los principales problemas detectados en la atención residencial a este colectivo. Un capítulo específico del estudio recoge, de forma detallada, la información resultante de las visitas efectuadas por los asesores del Defensor del Pueblo y de los cuestionarios cumplimentados por los centros. El informe se cierra con un capítulo de conclusiones y con una serie de 57 recomendaciones formuladas a los poderes públicos competentes y estructuradas en torno a doce ámbitos de mejora: general, procedimiento administrativo, derechos del menor, altas y permanencia, asistencia sanitaria, atención educativa, régimen interno de los centros, intervención en situaciones de crisis, personal, infraestructuras, seguimiento del menor e inspección de centros, y, por último, ministerio fiscal.
Be the first to leave a comment!