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Propuestas para mejorar la participación de la administración central en la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia


LA PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA. Madrid, AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, 2009, 107 p.
Ref. 164025
Location: DFB Archivo

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Keywords:
Competencias, Datos estadísticos, Dependencia, Discapacidad, Estadísticas de servicios, Estado, Informes oficiales, Intervención social, Normativa, Personas mayores, Planes de acción social, Prestaciones económicas, Prestaciones sociales, Protección social, Recomendaciones, Servicios sociales, Autonomías, España

Abstract:
Este informe está realizado por la recientemente creada Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, y tiene por objetivo valorar en qué medida la administración central ha cumplido con sus responsabilidades en los tres cometidos fundamentales que se le asignaron para el desarrollo del sistema: coordinar e impulsar la aplicación de la Ley, garantizando las condiciones básicas y el contenido común del nuevo derecho reconocido; establecer el sistema de información; y participar en la financiación del sistema. El informe propone seis recomendaciones básicas que contribuirían a mejorar las disfunciones e insuficiencias detectadas. En lo que se refiere al papel de la administración central como impulsora, coordinadora y garante del desarrollo del sistema, el informe reconoce que sus competencias y posibilidades son limitadas, y que muchas de las materias que deberían haberse regulado a través del Consejo Territorial, en el que participan todas las CC.AA., aún no han sido desarrolladas reglamentariamente. El informe también pone de manifiesto, como debilidad, la laxitud del control que la administración central ha realizado sobre la aplicación de la normativa y de los acuerdos adoptados por parte de las diferentes CC.AA. La Agencia propone el desarrollo de una estructura que dote de más medios al Consejo Territorial y una reforma de la estructura del Imserso, para asumir un control más exhaustivo de lo que hacen –y de lo que no hacen– las comunidades autónomas, sin recurrir a la vía jurisdiccional. También se recomienda la puesta en marcha de un sistema de indicadores que permita la monitorización del SAAD, frente al fracaso del sistema de información establecido; y el desarrollo de un catálogo común de servicios más detallado, que incluya estándares de intensidad y de calidad, como elemento básico sobre el que realizar una estimación fiable del coste real del SAAD.