Políticas de empleo y Constitución española
Saved in:
Matorras, A., Políticas de empleo y Constitución española. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, no. 108 (2014), p. 191-226.
Ref.
197673
Location:
SIIS R.1299 Archivo
Palabras clave:
Desempleo, Normativa, Política de empleo, Reforma, Trabajo, España
Desempleo, Normativa, Política de empleo, Reforma, Trabajo, España
Abstract:
Asumiendo que el reto constitucional de plenitud del empleo marcado en el art. 40.1 de la CE resulta irrealizable, identificamos como triple paradigma alternativo de las más modernas y responsables políticas de empleo: la realidad, la estabilidad y la calidad del empleo. Asumiendo también que nuestra Carta Magna no impone un modelo de crecimiento económico y progreso social predeterminado, pero que, a la par, es precisa una actuación coordinada de todos los Poderes Públicos que posibilite la conciliación de objetivos intercurrentes y en cierta medida contrapuestos, económicos y sociales, desentrañamos los valores, condicionantes y límites constitucionales de referencia para la definición de las políticas públicas de empleo. Puesto que las reformas de la normativa ordenadora de nuestro mercado laboral y de las relaciones de empleo constituyen herramientas con un elevado potencial para el logro de los objetivos singulares integrantes de las políticas públicas de empleo, les dedicamos particular atención. Destacamos el lugar nuclear que ocupan tanto el derecho al trabajo (art. 35 CE) como la libertad de empresa (art. 38 CE), insistiendo en el amplísimo margen de maniobra disponible para fijar y redefinir desde la ley el punto de equilibrio entre ambos derechos cívicos. Una vez identificados sus respectivos contenidos esenciales (desde el obligado análisis integrado del lacónico texto constitucional con las obligaciones y compromisos internacionales y comunitarios contraídos por nuestro país) sometemos a examen algunas de las recientes reformas laborales cuestionadas en cuanto a su constitucionalidad con particular dureza.
Asumiendo que el reto constitucional de plenitud del empleo marcado en el art. 40.1 de la CE resulta irrealizable, identificamos como triple paradigma alternativo de las más modernas y responsables políticas de empleo: la realidad, la estabilidad y la calidad del empleo. Asumiendo también que nuestra Carta Magna no impone un modelo de crecimiento económico y progreso social predeterminado, pero que, a la par, es precisa una actuación coordinada de todos los Poderes Públicos que posibilite la conciliación de objetivos intercurrentes y en cierta medida contrapuestos, económicos y sociales, desentrañamos los valores, condicionantes y límites constitucionales de referencia para la definición de las políticas públicas de empleo. Puesto que las reformas de la normativa ordenadora de nuestro mercado laboral y de las relaciones de empleo constituyen herramientas con un elevado potencial para el logro de los objetivos singulares integrantes de las políticas públicas de empleo, les dedicamos particular atención. Destacamos el lugar nuclear que ocupan tanto el derecho al trabajo (art. 35 CE) como la libertad de empresa (art. 38 CE), insistiendo en el amplísimo margen de maniobra disponible para fijar y redefinir desde la ley el punto de equilibrio entre ambos derechos cívicos. Una vez identificados sus respectivos contenidos esenciales (desde el obligado análisis integrado del lacónico texto constitucional con las obligaciones y compromisos internacionales y comunitarios contraídos por nuestro país) sometemos a examen algunas de las recientes reformas laborales cuestionadas en cuanto a su constitucionalidad con particular dureza.