The costs and benefits of paying all the lowest-paid care home workers in the UK the Living Wage
Uloženo v:
Ingham, H., et al., The costs and benefits of paying all the lowest-paid care home workers in the UK the Living Wage. York, Joseph Rowntree Foundation, 2015, 44 p.
Ref.
506739
Umístění:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Residencias, Salario mínimo, Personal, Condiciones de trabajo, Precariedad, Trabajador, Análisis coste eficacia, Prestaciones económicas, Estudio económico, Coste, Reino Unido
Residencias, Salario mínimo, Personal, Condiciones de trabajo, Precariedad, Trabajador, Análisis coste eficacia, Prestaciones económicas, Estudio económico, Coste, Reino Unido
Abstrakt:
Ante la incapacidad del salario mínimo interprofesional vigente en el Reino Unido −fijado en 6,50 £/hora− de garantizar a los trabajadores que lo cobran unos ingresos suficientes, en 2015 se reformó este estándar salarial, que pasó a denominarse National Living Wage y cuya cuantía se fijó en 7,20 £/hora. La ley aprobada establece que los empleadores debían pagar, a partir de abril de 2016, esta cantidad mínima a todos los trabajadores de más de 25 años de edad. En este estudio, se analizan las ventajas e inconvenientes de la aplicación de este incremento salarial en el sector de los cuidados, que emplea a más de 1,5 millones de personas en el Reino Unido, de las cuales el 40% recibe alguna de las modalidades de complemento salarial debido a la baja cuantía de sus salarios.<br><br>El estudio muestra que el incremento salarial afectará, sobre todo, a los servicios gestionados por entidades de titularidad privada, donde el 72,7% de las personas empleadas reciben actualmente un salario inferior al National Living Wage, frente al 17% de las que trabajan en entidades del tercer sector y el 10,4% de las personas contratadas por instituciones públicas. En cuanto a la viabilidad financiera de la reforma, los autores advierten de que sus efectos serán muy desiguales para los distintos centros, dependiendo, fundamentalmente, de su ubicación geográfica y del tipo de personas usuarias a las que atienden. El problema radica en que existe un desfase entre el coste medio de las plazas y la financiación aportada por el Estado para pagar por las plazas públicas que hay en cada centro. Esta diferencia varía entre las 50 £ y las 68 £ mensuales, según la región del país. Esto supone que son las personas usuarias que pagan de su bolsillo el coste de sus cuidados —una media de 636 £ mensuales− las que compensan esa diferencia. Sin embargo, próximamente entrará en vigor una reforma dirigida a ampliar el derecho a recibir financiación pública para costear la totalidad o parte de los servicios de cuidado de las personas, lo cual supondrá una dificultad añadida al ya de por sí difícil equilibrio actual.
Ante la incapacidad del salario mínimo interprofesional vigente en el Reino Unido −fijado en 6,50 £/hora− de garantizar a los trabajadores que lo cobran unos ingresos suficientes, en 2015 se reformó este estándar salarial, que pasó a denominarse National Living Wage y cuya cuantía se fijó en 7,20 £/hora. La ley aprobada establece que los empleadores debían pagar, a partir de abril de 2016, esta cantidad mínima a todos los trabajadores de más de 25 años de edad. En este estudio, se analizan las ventajas e inconvenientes de la aplicación de este incremento salarial en el sector de los cuidados, que emplea a más de 1,5 millones de personas en el Reino Unido, de las cuales el 40% recibe alguna de las modalidades de complemento salarial debido a la baja cuantía de sus salarios.<br><br>El estudio muestra que el incremento salarial afectará, sobre todo, a los servicios gestionados por entidades de titularidad privada, donde el 72,7% de las personas empleadas reciben actualmente un salario inferior al National Living Wage, frente al 17% de las que trabajan en entidades del tercer sector y el 10,4% de las personas contratadas por instituciones públicas. En cuanto a la viabilidad financiera de la reforma, los autores advierten de que sus efectos serán muy desiguales para los distintos centros, dependiendo, fundamentalmente, de su ubicación geográfica y del tipo de personas usuarias a las que atienden. El problema radica en que existe un desfase entre el coste medio de las plazas y la financiación aportada por el Estado para pagar por las plazas públicas que hay en cada centro. Esta diferencia varía entre las 50 £ y las 68 £ mensuales, según la región del país. Esto supone que son las personas usuarias que pagan de su bolsillo el coste de sus cuidados —una media de 636 £ mensuales− las que compensan esa diferencia. Sin embargo, próximamente entrará en vigor una reforma dirigida a ampliar el derecho a recibir financiación pública para costear la totalidad o parte de los servicios de cuidado de las personas, lo cual supondrá una dificultad añadida al ya de por sí difícil equilibrio actual.