Reducir desigualdades con una política energética social
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Cotarelo, P., Riutort, S., Reducir desigualdades con una política energética social. Barcelona Societat, n. 27, 2020, p. 1-10.
Ref.
564344
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SIIS Archivo (R.1272)
Palabras clave:
Políticas públicas, Política social, Exclusión social, Desigualdad social, Pobreza energética, Derechos sociales, Administración, Sector público, Nivel local, Intervención social, Asesoramiento, Prestaciones sociales, Cataluña, España
Políticas públicas, Política social, Exclusión social, Desigualdad social, Pobreza energética, Derechos sociales, Administración, Sector público, Nivel local, Intervención social, Asesoramiento, Prestaciones sociales, Cataluña, España
Краткий обзор:
La política energética ofrece un valioso marco para contribuir a reducir las desigualdades, pese a que los márgenes de posibilidad dependan de los condicionantes biofísicos y de las metodologías de intervención que han prevalecido a escala internacional, estatal y local desde la constatación de la crisis climática. Avanzar en la garantía del derecho a la energía, tanto desde el lado de la demanda como el de la oferta, es una vía que se articula desde diferentes convenios institucionales (desde el cooperativismo y el municipalismo, por ejemplo), pero que obliga a reconocer el papel central de la Administración pública. El presente artículo aborda esa cuestión, así como el espacio estratégico que debe activarse y que existiría entre la política energética y la política social, y menciona ejemplos como el bono social eléctrico, los puntos de asesoramiento energético y otros potenciales diseños y programas que son útiles para pensar en una política energética social. La lucha contra las desigualdades no es ni puede ser función exclusiva de la política social y, así como ocurre en otros ámbitos de la política pública, la política energética posee también un potencial destacable.
La política energética ofrece un valioso marco para contribuir a reducir las desigualdades, pese a que los márgenes de posibilidad dependan de los condicionantes biofísicos y de las metodologías de intervención que han prevalecido a escala internacional, estatal y local desde la constatación de la crisis climática. Avanzar en la garantía del derecho a la energía, tanto desde el lado de la demanda como el de la oferta, es una vía que se articula desde diferentes convenios institucionales (desde el cooperativismo y el municipalismo, por ejemplo), pero que obliga a reconocer el papel central de la Administración pública. El presente artículo aborda esa cuestión, así como el espacio estratégico que debe activarse y que existiría entre la política energética y la política social, y menciona ejemplos como el bono social eléctrico, los puntos de asesoramiento energético y otros potenciales diseños y programas que son útiles para pensar en una política energética social. La lucha contra las desigualdades no es ni puede ser función exclusiva de la política social y, así como ocurre en otros ámbitos de la política pública, la política energética posee también un potencial destacable.
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