Entre la equidad y la conciliación: similitudes y disparidades en el diseño institucional del primer ciclo de educación infantil en España
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León, M., et al., Entre la equidad y la conciliación: similitudes y disparidades en el diseño institucional del primer ciclo de educación infantil en España. Papers. Revista de Sociología, vol. 107, n. 3, 2022, p. 1-22.
Ref.
576970
Хранение:
SIIS Archivo (R.292)
Palabras clave:
Familia, Hijos, Atención infancia, Desigualdad social, Pobreza, Exclusión social, Nivel de ingresos, Conciliación, Política familiar, Inversiones, Educación infantil, Efectos, Igualdad de oportunidades, Escolarización, Acceso, Coste, Cobertura, Organización y gestión, Evolución, Normativa, Estudio comparativo, Autonomías, España
Familia, Hijos, Atención infancia, Desigualdad social, Pobreza, Exclusión social, Nivel de ingresos, Conciliación, Política familiar, Inversiones, Educación infantil, Efectos, Igualdad de oportunidades, Escolarización, Acceso, Coste, Cobertura, Organización y gestión, Evolución, Normativa, Estudio comparativo, Autonomías, España
Краткий обзор:
La provisión del primer ciclo de educación infantil (EI a partir de ahora) ha aumentado de manera sostenida en España desde el año 2000. A pesar de una considerable dispersión territorial, esta expansión ha tenido lugar en todas las comunidades autónomas. En este artículo estudiamos cómo los distintos diseños institucionales a escala autonómica impactan en la equidad tanto en el acceso al servicio como en el coste para las familias. Tratamos de averiguar en qué condiciones puede el primer ciclo de EI ir más allá de una política de conciliación empleo/familia y considerarse una política redistributiva y de igualdad de oportunidades que favorezca acceder a él y sufrague su coste para los colectivos socialmente más desfavorecidos. Analizamos la evolución de la normativa estatal del primer ciclo de EI desde la LOGSE de 1990 hasta la LOMLOE de 2020, y comparamos siete comunidades autónomas que presentan distintos niveles de cobertura y modelos de gestión. Nuestro estudio concluye que, si bien existe disparidad en los criterios tanto de acceso como de precios, todas las comunidades autónomas estudiadas han ido avanzando hacia un servicio más garantista, con un reconocimiento explícito de las circunstancias de especial dificultad originadas por bajos ingresos, discapacidad, monoparentalidad o violencia de género. Aun así, características estructurales del primer ciclo de EI, como una financiación fluctuante, una regulación y control públicos débiles y una importante externalización a proveedores privados, dificultan su universalización como una política redistributiva y de calidad.
La provisión del primer ciclo de educación infantil (EI a partir de ahora) ha aumentado de manera sostenida en España desde el año 2000. A pesar de una considerable dispersión territorial, esta expansión ha tenido lugar en todas las comunidades autónomas. En este artículo estudiamos cómo los distintos diseños institucionales a escala autonómica impactan en la equidad tanto en el acceso al servicio como en el coste para las familias. Tratamos de averiguar en qué condiciones puede el primer ciclo de EI ir más allá de una política de conciliación empleo/familia y considerarse una política redistributiva y de igualdad de oportunidades que favorezca acceder a él y sufrague su coste para los colectivos socialmente más desfavorecidos. Analizamos la evolución de la normativa estatal del primer ciclo de EI desde la LOGSE de 1990 hasta la LOMLOE de 2020, y comparamos siete comunidades autónomas que presentan distintos niveles de cobertura y modelos de gestión. Nuestro estudio concluye que, si bien existe disparidad en los criterios tanto de acceso como de precios, todas las comunidades autónomas estudiadas han ido avanzando hacia un servicio más garantista, con un reconocimiento explícito de las circunstancias de especial dificultad originadas por bajos ingresos, discapacidad, monoparentalidad o violencia de género. Aun así, características estructurales del primer ciclo de EI, como una financiación fluctuante, una regulación y control públicos débiles y una importante externalización a proveedores privados, dificultan su universalización como una política redistributiva y de calidad.
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