Mission thématique sur les Centres Éducatifs Fermés. Rapport définitif
Saved in:
Inspection Générale de la Justice, Mission thématique sur les Centres Éducatifs Fermés. Rapport définitif. París, Ministère de la Justice- République française, 2025, 171 p.
Ref.
605299
Location:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Menores, Centros menores infractores, Control, Características sistema, Características población, Calidad de la atención, Evaluación, Francia
Menores, Centros menores infractores, Control, Características sistema, Características población, Calidad de la atención, Evaluación, Francia
Abstract:
A lo largo de este extenso informe, la Inspección General de la Justicia examina con detalle el funcionamiento de los Centros Educativos Cerrados (CEF) en Francia, revelando un dispositivo concebido como alternativa a la detención pero tensionado por múltiples desafíos: la entrada en vigor del Código de Justicia Penal de Menores —que acelera los procedimientos, fragmenta los tiempos educativos y modifica la duración y el sentido del placement— ha generado un aumento de audiencias, una mayor carga de trabajo para los equipos y dificultades en la adhesión de los jóvenes; el perfil de los menores, mayoritariamente varones de 16 años con fuertes vulnerabilidades sociales, familiares, escolares, sanitarias y psicológicas, incluidos un número creciente implicado en el narcotráfico, exige intervenciones intensivas que los CEF no siempre pueden sostener; los contenidos educativos y las actividades de día, a menudo irregulares o de calidad insuficiente, se ven afectados por carencias graves de personal, altos niveles de absentismo, baja atractividad, uso masivo de contratos temporales o interinos y una formación insuficiente; la capacidad instalada, pese a la creación de nuevos centros, no alcanza los niveles previstos, y el programa inmobiliario de “nueva generación” acumula retrasos, sobrecostes y dificultades de implantación territorial; el pilotaje institucional —aunque recientemente reforzado— continúa siendo disperso, desigual y sin herramientas de seguimiento eficaces, con escasa capitalización de buenas prácticas y un software de seguimiento, Parcours, aún incompleto y no accesible al sector asociativo; por último, el impacto real del paso por un CEF sigue siendo difícil de medir por falta de datos, si bien se observan efectos positivos para aquellos jóvenes que permanecen al menos seis meses, siempre que exista un proyecto de salida sólido, cuya construcción es todavía insuficientemente anticipada. El informe concluye subrayando la abnegación de los equipos pero también las limitaciones estructurales del modelo actual, y formula recomendaciones que abarcan desde la revisión urgente del obsoleto cahier des charges hasta el fortalecimiento del pilotaje, la profesionalización del personal, la mejora de las actividades educativas, el desarrollo de alternativas de alojamiento y un mejor acompañamiento tras la salida, con el fin de garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de un dispositivo clave en la justicia de menores.
A lo largo de este extenso informe, la Inspección General de la Justicia examina con detalle el funcionamiento de los Centros Educativos Cerrados (CEF) en Francia, revelando un dispositivo concebido como alternativa a la detención pero tensionado por múltiples desafíos: la entrada en vigor del Código de Justicia Penal de Menores —que acelera los procedimientos, fragmenta los tiempos educativos y modifica la duración y el sentido del placement— ha generado un aumento de audiencias, una mayor carga de trabajo para los equipos y dificultades en la adhesión de los jóvenes; el perfil de los menores, mayoritariamente varones de 16 años con fuertes vulnerabilidades sociales, familiares, escolares, sanitarias y psicológicas, incluidos un número creciente implicado en el narcotráfico, exige intervenciones intensivas que los CEF no siempre pueden sostener; los contenidos educativos y las actividades de día, a menudo irregulares o de calidad insuficiente, se ven afectados por carencias graves de personal, altos niveles de absentismo, baja atractividad, uso masivo de contratos temporales o interinos y una formación insuficiente; la capacidad instalada, pese a la creación de nuevos centros, no alcanza los niveles previstos, y el programa inmobiliario de “nueva generación” acumula retrasos, sobrecostes y dificultades de implantación territorial; el pilotaje institucional —aunque recientemente reforzado— continúa siendo disperso, desigual y sin herramientas de seguimiento eficaces, con escasa capitalización de buenas prácticas y un software de seguimiento, Parcours, aún incompleto y no accesible al sector asociativo; por último, el impacto real del paso por un CEF sigue siendo difícil de medir por falta de datos, si bien se observan efectos positivos para aquellos jóvenes que permanecen al menos seis meses, siempre que exista un proyecto de salida sólido, cuya construcción es todavía insuficientemente anticipada. El informe concluye subrayando la abnegación de los equipos pero también las limitaciones estructurales del modelo actual, y formula recomendaciones que abarcan desde la revisión urgente del obsoleto cahier des charges hasta el fortalecimiento del pilotaje, la profesionalización del personal, la mejora de las actividades educativas, el desarrollo de alternativas de alojamiento y un mejor acompañamiento tras la salida, con el fin de garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de un dispositivo clave en la justicia de menores.