¿Cómo influye la financiación en el sistema de protección a la infancia y adolescencia en España? El reto de la desinstitucionalización
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Olmeda, L., ¿Cómo influye la financiación en el sistema de protección a la infancia y adolescencia en España? El reto de la desinstitucionalización. Madrid, Plataforma de Infancia, 2026, 45 p.
Ref.
609993
Location:
SIIS Archivo / DFB Archivo
Palabras clave:
Infancia, Adolescentes, Protección de menores, Financiación, Contratos, Planificación de servicios, Datos estadísticos, Recomendaciones, España, Autonomías
Infancia, Adolescentes, Protección de menores, Financiación, Contratos, Planificación de servicios, Datos estadísticos, Recomendaciones, España, Autonomías
Abstract:
El informe analiza cómo la financiación pública de las comunidades y ciudades autónomas condiciona el funcionamiento del sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España, poniendo el foco en el reto de la desinstitucionalización. A partir del estudio de los contratos y subvenciones adjudicados entre 2024 y 2025, concluye que la mayor parte de la inversión (516,4 millones de euros) sigue destinándose al acogimiento residencial (82,3 %), mientras que la prevención y el apoyo a las familias reciben una financiación mucho menor. Además, identifica importantes diferencias entre territorios, un elevado uso de procedimientos de contratación urgentes o de emergencia y una alta concentración de contratos con un único licitador, factores que reflejan problemas de planificación, transparencia y eficiencia.<br><br>El estudio sostiene que el modelo actual de financiación mantiene una fuerte inercia hacia la institucionalización, dificultando la transición hacia un sistema centrado en el acogimiento familiar y los cuidados en la comunidad. Asimismo, advierte de que la contratación pública no es un simple mecanismo administrativo, sino una herramienta que influye directamente en la calidad de la atención y en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ello, plantea la necesidad de reorientar la inversión pública, fortalecer la prevención, mejorar la planificación y la transparencia, e incorporar criterios de calidad y participación que favorezcan un modelo de protección más inclusivo, equitativo y basado en los derechos de la infancia.
El informe analiza cómo la financiación pública de las comunidades y ciudades autónomas condiciona el funcionamiento del sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España, poniendo el foco en el reto de la desinstitucionalización. A partir del estudio de los contratos y subvenciones adjudicados entre 2024 y 2025, concluye que la mayor parte de la inversión (516,4 millones de euros) sigue destinándose al acogimiento residencial (82,3 %), mientras que la prevención y el apoyo a las familias reciben una financiación mucho menor. Además, identifica importantes diferencias entre territorios, un elevado uso de procedimientos de contratación urgentes o de emergencia y una alta concentración de contratos con un único licitador, factores que reflejan problemas de planificación, transparencia y eficiencia.<br><br>El estudio sostiene que el modelo actual de financiación mantiene una fuerte inercia hacia la institucionalización, dificultando la transición hacia un sistema centrado en el acogimiento familiar y los cuidados en la comunidad. Asimismo, advierte de que la contratación pública no es un simple mecanismo administrativo, sino una herramienta que influye directamente en la calidad de la atención y en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ello, plantea la necesidad de reorientar la inversión pública, fortalecer la prevención, mejorar la planificación y la transparencia, e incorporar criterios de calidad y participación que favorezcan un modelo de protección más inclusivo, equitativo y basado en los derechos de la infancia.