Financing of social protection
Saved in:
OECD, Financing of social protection. París, OECD Publishing, 2026, 98 p.
Ref.
611395
Location:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Protección social, Financiación, Gasto social, Envejecimiento, Modelos, Presupuestos, Unión Europea
Protección social, Financiación, Gasto social, Envejecimiento, Modelos, Presupuestos, Unión Europea
Abstract:
Este informe analiza los desafíos que afrontan los países de la OCDE y la Unión Europea para garantizar la sostenibilidad financiera de sus sistemas de protección social ante el envejecimiento demográfico, los cambios en el mercado laboral y las transformaciones tecnológicas. Actualmente, el gasto en protección social representa aproximadamente el 23 % del PIB, concentrándose principalmente en pensiones, sanidad y discapacidad. Se prevé que estas necesidades aumenten considerablemente durante las próximas décadas, mientras que la reducción de la población en edad de trabajar podría debilitar los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales. Estas financian aproximadamente el 43 % del gasto público social en la OCDE y el 50 % en la UE, aunque existen diferencias importantes entre países. El informe también destaca las desigualdades de cobertura y contribución asociadas al trabajo autónomo, a tiempo parcial y otras modalidades de empleo no convencionales, que dificultan tanto la financiación como el acceso equitativo a las prestaciones.<br><br>Ante este escenario, la OCDE plantea la necesidad de diversificar las fuentes de financiación de la protección social, reduciendo la dependencia exclusiva de las rentas del trabajo y reforzando la participación de los ingresos tributarios generales. Entre las alternativas examinadas destacan una mayor imposición sobre las rentas del capital, las herencias y la propiedad inmobiliaria, así como la financiación mediante impuestos generales de prestaciones no directamente vinculadas al empleo, como las ayudas familiares, la lucha contra la pobreza y determinados servicios sanitarios y asistenciales. Asimismo, se subraya la importancia de aumentar la participación laboral, ampliar la protección de los trabajadores autónomos y combatir el empleo no declarado para fortalecer la base contributiva. En conjunto, el informe defiende una adaptación gradual de los modelos de financiación que permita compatibilizar sostenibilidad presupuestaria, suficiencia de las prestaciones y equidad social, preservando la capacidad de los Estados de bienestar para responder a los cambios demográficos, económicos y laborales.
Este informe analiza los desafíos que afrontan los países de la OCDE y la Unión Europea para garantizar la sostenibilidad financiera de sus sistemas de protección social ante el envejecimiento demográfico, los cambios en el mercado laboral y las transformaciones tecnológicas. Actualmente, el gasto en protección social representa aproximadamente el 23 % del PIB, concentrándose principalmente en pensiones, sanidad y discapacidad. Se prevé que estas necesidades aumenten considerablemente durante las próximas décadas, mientras que la reducción de la población en edad de trabajar podría debilitar los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales. Estas financian aproximadamente el 43 % del gasto público social en la OCDE y el 50 % en la UE, aunque existen diferencias importantes entre países. El informe también destaca las desigualdades de cobertura y contribución asociadas al trabajo autónomo, a tiempo parcial y otras modalidades de empleo no convencionales, que dificultan tanto la financiación como el acceso equitativo a las prestaciones.<br><br>Ante este escenario, la OCDE plantea la necesidad de diversificar las fuentes de financiación de la protección social, reduciendo la dependencia exclusiva de las rentas del trabajo y reforzando la participación de los ingresos tributarios generales. Entre las alternativas examinadas destacan una mayor imposición sobre las rentas del capital, las herencias y la propiedad inmobiliaria, así como la financiación mediante impuestos generales de prestaciones no directamente vinculadas al empleo, como las ayudas familiares, la lucha contra la pobreza y determinados servicios sanitarios y asistenciales. Asimismo, se subraya la importancia de aumentar la participación laboral, ampliar la protección de los trabajadores autónomos y combatir el empleo no declarado para fortalecer la base contributiva. En conjunto, el informe defiende una adaptación gradual de los modelos de financiación que permita compatibilizar sostenibilidad presupuestaria, suficiencia de las prestaciones y equidad social, preservando la capacidad de los Estados de bienestar para responder a los cambios demográficos, económicos y laborales.