Refonder le rapport aux personnes: "Merci de ne plus nous appeler usagers"
Saved in:
Conseil Supérieur du Travail Social, Refonder le rapport aux personnes: "Merci de ne plus nous appeler usagers". París, Conseil Supérieur du Travail Social, 2015, 188 p.
Ref.
502094
Location:
SIIS Archivo
Palabras clave:
Trabajo social, Exclusión social, Usuarios, Fundamentos, Relación profesional cliente, Participación usuarios, Derechos del usuario, Concepto, Experiencias, Informes oficiales, Francia
Trabajo social, Exclusión social, Usuarios, Fundamentos, Relación profesional cliente, Participación usuarios, Derechos del usuario, Concepto, Experiencias, Informes oficiales, Francia
Abstract:
En Francia, el derecho a la participación de las personas beneficiarias en los servicios sociales empezó a reconocerse legalmente a finales de la década de 1990. Aunque desde entonces se han producido importantes avances en esta materia, el Consejo Superior de Trabajo Social de ese país advierte en este informe de que persiste la brecha entre lo que dictan las normas y la práctica de los servicios sociales: el término ‘usuario/a’ ha sido sustituido por ‘beneficiario/a’ o ‘cliente’, pero muchos otros elementos apuntan a que la ciudadanía de las personas destinatarias de los apoyos no ha sido aún plenamente asumida (y de ahí el título del documento). Esa misma contradicción sirve de eje al propio informe, que yuxtapone las “buenas intenciones” legislativas con la realidad de los servicios sociales, para luego indagar en la aportación que realizan (o pueden realizar) las personas beneficiarias, y los cambios institucionales, organizativos y profesionales que implica (o implicaría) aceptarla y promoverla.<br><br>El documento reclama que se apliquen las leyes vigentes y se garantice el derecho a la participación de las personas beneficiarias, que se exploren fórmulas innovadoras para hacer efectiva esa participación, que se revise el empleo de la palabra ‘usuario/a’ en los textos oficiales, y que se reconozca el derecho de las personas ayudadas a exigir que los servicios se organicen en torno a sus necesidades. A juicio del Consejo Superior de Trabajo Social, además, habría que ampliar la representación de estas personas en los organismos encargados de gestionar las políticas sociales (incluido el propio Consejo), extender las prácticas participativas más allá del ámbito de la lucha contra la pobreza, impulsar la investigación colaborativa, aprovechar mejor el saber acumulado por las personas beneficiarias de cara a la formación (inicial y continua) de las y los trabajadores sociales, repensar el enfoque de proximidad de programas y servicios, y reflexionar sobre la práctica profesional de modo sistemático, entre otras cuestiones.
En Francia, el derecho a la participación de las personas beneficiarias en los servicios sociales empezó a reconocerse legalmente a finales de la década de 1990. Aunque desde entonces se han producido importantes avances en esta materia, el Consejo Superior de Trabajo Social de ese país advierte en este informe de que persiste la brecha entre lo que dictan las normas y la práctica de los servicios sociales: el término ‘usuario/a’ ha sido sustituido por ‘beneficiario/a’ o ‘cliente’, pero muchos otros elementos apuntan a que la ciudadanía de las personas destinatarias de los apoyos no ha sido aún plenamente asumida (y de ahí el título del documento). Esa misma contradicción sirve de eje al propio informe, que yuxtapone las “buenas intenciones” legislativas con la realidad de los servicios sociales, para luego indagar en la aportación que realizan (o pueden realizar) las personas beneficiarias, y los cambios institucionales, organizativos y profesionales que implica (o implicaría) aceptarla y promoverla.<br><br>El documento reclama que se apliquen las leyes vigentes y se garantice el derecho a la participación de las personas beneficiarias, que se exploren fórmulas innovadoras para hacer efectiva esa participación, que se revise el empleo de la palabra ‘usuario/a’ en los textos oficiales, y que se reconozca el derecho de las personas ayudadas a exigir que los servicios se organicen en torno a sus necesidades. A juicio del Consejo Superior de Trabajo Social, además, habría que ampliar la representación de estas personas en los organismos encargados de gestionar las políticas sociales (incluido el propio Consejo), extender las prácticas participativas más allá del ámbito de la lucha contra la pobreza, impulsar la investigación colaborativa, aprovechar mejor el saber acumulado por las personas beneficiarias de cara a la formación (inicial y continua) de las y los trabajadores sociales, repensar el enfoque de proximidad de programas y servicios, y reflexionar sobre la práctica profesional de modo sistemático, entre otras cuestiones.